La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado pruebas piloto con radares de ruido en diferentes puntos del país, especialmente en Cataluña, con el objetivo de evaluar su viabilidad como herramienta para reducir la contaminación acústica en entornos urbanos. Aunque estos dispositivos no están multando en la actualidad, la normativa en desarrollo y la experiencia de otros países europeos anticipan una posible implantación en los próximos años.
Estos radares, similares al modelo francés conocido como Hydra, son capaces de detectar el nivel de ruido emitido por vehículos que circulan a su alrededor. Cuando se supera el umbral permitido, el sistema identifica el vehículo mediante imagen y sonido, registrando así una posible infracción. La tecnología ha sido probada con éxito en ciudades como París, Niza o Toulouse desde 2022, y se ha consolidado como una medida eficaz para frenar el uso de escapes modificados y la conducción ruidosa por la música o exceso de uso de claxon en situación que son innecesarias.
En España, la fase actual es puramente experimental. Los dispositivos están instalados para recoger datos, sin que por el momento se emitan sanciones económicas ni se retiren puntos del permiso de conducir. Sin embargo, la legislación en estudio abre la puerta a su uso por parte de los ayuntamientos, que podrían regular su implantación mediante ordenanzas municipales, especialmente en zonas de bajas emisiones o áreas residenciales con alta densidad de tráfico.
El marco sancionador ya contempla multas por exceso de ruido, incluso sin necesidad de radar. La cuantía varía según la gravedad:
• Hasta 4 dB por encima del límite: infracción leve, multa de 90€.
• Entre 4 y 7 dB extra: infracción grave, sanción de 91 € a 300€.
• Más de 7 dB por encima: multa entre 300 € y 600€.
En Francia, donde este tipo de radar ya está operativo, la sanción habitual es de 135 euros, con posibilidad de reducción por pronto pago. España podría adoptar un modelo similar si los dispositivos comienzan a utilizarse de forma oficial.
Actualmente no está previsto que estas infracciones conlleven la pérdida de puntos del carnet de conducir. Las sanciones serían exclusivamente económicas, dirigidas a disuadir comportamientos que contribuyen a la contaminación acústica y afectan a la calidad de vida en las ciudades.
La DGT y otros organismos competentes siguen evaluando los resultados de estas pruebas, con vistas a una futura aplicación real. La posible extensión de estos sistemas dependerá tanto del respaldo legal como de su aceptación social y eficacia comprobada en la reducción del ruido urbano.
