En octubre de 2021, el Ministerio del Interior de España aprobó el Real Decreto 933/2021, que establece un registro de viajeros con el objetivo de fortalecer la seguridad en el país y que tiene previsto entrar en vigor este año. Este nuevo sistema busca registrar a todos los viajeros que se mueven por España no solo su DNI o documentación de identificación sino número de tarjeta, teléfono móvil, domicilio entre otros, en un intento por prevenir el terrorismo y otros delitos graves. Sin embargo, la implementación de esta medida ha suscitado un intenso debate en torno a sus implicaciones en la protección de datos personales y la privacidad de los ciudadanos.
El principal objetivo de este decreto es mejorar la seguridad pública. Mediante el registro de viajeros pretende facilitar el control y la identificación de personas que viajan por el territorio español ya sea por agencias de viajes, hoteles, cámpines, empresas de alquiler de vehículos y aplicaciones de alojamiento. A través de esta medida, las autoridades esperan:
- Prevenir actividades delictivas: Al tener un registro de quienes se trasladan en estos medios, se busca poder identificar patrones de comportamiento que puedan indicar actividades sospechosas.
- Mejorar la respuesta ante emergencias: En situaciones de crisis, como atentados o desastres naturales, contar con un registro de viajeros puede facilitar la localización y asistencia a las personas afectadas.
- Cumplir con normativas europeas: La implementación de este registro responde a directivas de la UE que buscan reforzar la seguridad en el transporte.
Sin embargo, el Registro de Viajeros plantea serias preocupaciones respecto a la protección de datos personales. La legislación española y europea, en particular el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), establece claros límites sobre cómo se pueden recopilar, este reglamento asegura que los datos personales se manejen con el máximo cuidado, garantizando derechos fundamentales. La creación de un registro de viajeros plantea varias preocupaciones:
- Consentimiento y transparencia: Uno de los pilares del RGPD es que cualquier tratamiento de datos personales debe realizarse con el consentimiento explícito del afectado. Muchos se preguntan si los viajeros estarán completamente informados sobre cómo se utilizarán sus datos y si realmente podrán dar su consentimiento libremente.
- Finalidad y limitación de datos: El RGPD establece que los datos personales deben ser recogidos para fines específicos y legítimos. Sin embargo, la ambigüedad en cómo se utilizarán estos datos puede generar desconfianza. ¿Se utilizarán solo para fines de seguridad, o también para otras actividades no especificadas?
- Derecho al olvido: Este derecho permite a los ciudadanos solicitar la eliminación de sus datos personales. Con un registro de viajeros, surge la cuestión de cómo se gestionarán estos datos a largo plazo. ¿Los viajeros podrán solicitar que se borren sus datos una vez que finalice su viaje?
- Riesgo de abuso o filtraciones: Existe el temor de que un registro centralizado de viajeros pueda ser susceptible a filtraciones o abusos por parte hacker u otras organizaciones, lo que podría poner en riesgo la privacidad de los ciudadanos. La historia reciente ha demostrado que la seguridad no siempre va de la mano con la protección de datos.
Además de las implicaciones legales, el registro puede tener un impacto directo en la vida de los ciudadanos. La idea de ser monitorizados cada vez que se viaja puede generar desconfianza y ansiedad. Las personas podrían sentir que sus movimientos están siendo vigilados, lo que podría afectar su disposición a viajar tanto dentro como fuera del país. La percepción de una “sociedad del control” puede inhibir la libertad de movimiento y generar un ambiente de temor. El equilibrio entre la seguridad y la privacidad es delicado y requiere un debate abierto y transparente. Es esencial que los ciudadanos y las organizaciones de derechos humanos se mantengan informados y activos en este debate, para asegurar que las medidas adoptadas en nombre de la seguridad no socaven los derechos fundamentales que son esenciales para una sociedad democrática.
